La prensa y los políticos se esfuerzan por describir y
comentar la situación del campesinado. Desarrollan anécdotas, mientras soslayan
el análisis socioeconómico de la
realidad del campo,
según información
imprecisa, no confirmada, por
inexistencia de datos
oficiales que arrojen luz sobre la
realidad. El diez por
ciento de la población ocupa, opera y
maneja como propio el 90%
del territorio nacional.
Mientras que el 90 % de la
población campesina ocupa y
opera el 10% del
territorio. Las cifras son arbitrarias porque no
existen estudios que
puedan ser aceptados como reales.
Agudiza el problema
el hecho de que la población
campesina
se multiplica, no encuentra
respuesta a las necesidades básicas
de espacio, tierra y
recursos para producir, de manera que
abandona su lugar de
nacimiento y busca en las ciudades
oportunidades para trabajar
y sobrevivir.
El país sin desarrollo
suficiente por falta de industrialización,
no ofrece soluciones para
que los campesinos emigrados del
interior, resuelvan sus
problemas.
Esto
determina la formación de villas de emergencia de las cuales surgen nuevos
problemas con epílogos inevitables que terminan por destruir el orden básico de
la vida social.
Con estos datos es fácil advertir la inequidad básica de
la estructura social, con una amplia secuela de atraso, ignorancia, corrupción
y violencia.
Cuando se publicitan los problemas del campo y las
consecuencias sociales del subdesarrollo, se evita señalar el problema básico
de la distribución de la tierra,
arbitraria y muchas veces de origen espurio.
La propiedad de la tierra integra un cuadro de
confusión
deliberada. A lo largo de los
años un sector importante del
territorio nacional
fue repartido de manera arbitraria para
satisfacer intereses
políticos. A la vez, los cambios de rumbo en
esta materia, y
consecuentemente de eventuales beneficiarios,
generó una superposición de
títulos de propiedad que hicieron
perder de vista al
verdadero propietario, a la vez de introducir
confusión en el
conocimiento real de las propiedades del estado
que fueron utilizadas como
valor de cambio, en la satisfacción
de intereses políticos y
comerciales.
De allí que constituirá una ardua tarea
desentrañar
de que manera que se puede introducir cierta
racionalidad,
en el caso de que se
intente ordenar el sistema, evitar
injusticias y
resolver puntos básicos que discriminen entre las
propiedades legítimas
de las que no lo son
La
vigencia del sistema democrático, la administración de justicia y la actividad política partidaria con
sus mas y sus menos, genera la irrupción de la voluntad de cambio de los
campesinos, alentada por grupos políticos dispuestos a aprovechar la inequidad
para favorecer intereses de grupo o sector.
Los
campesinos se movilizan de manera multitudinaria, ocupan propiedades,
interrumpen la actividad de empresas y tenedores de la tierra. Se ha sumado un
nuevo fenómeno, cual es la inmigración de productores extranjeros que, con o
sin derechos reales, se instalaron en tierras que los campesinos nativos
consideran de su propiedad, fundados en derechos atávicos, costumbre,
tradición, historia y ocupación
ancestral.
Los
derechos exhibidos por los campesinos estimulados por algunos operadores
políticos, son tan ambiguos como los exhibidos por los ocupantes extranjeros, lo
que introduce nuevamente una confusión en la cual intervienen sentimientos
y convicciones nacionales que se
enfrentan a intereses considerados foráneos, a la luz de esquemas políticos
tradicionales, ocasionalmente reñidos con
el conceptos de integración geográfica, política y social que es y será
por mucho tiempo tema de discusión ideológica fundada en intereses materiales.
En cualquier caso, en el ámbito local el
enfrentamiento entre campesinos y tenedores de la tierra, con fundamentos
reales o no, se ha constituido en un problema vital Es decir de sobrevivencia.
El problema mas grave, que apunta a aumentar la
confusión, consiste en que la mayor parte de los políticos y empresarios que
trabajan en el agro, se esfuerzan por considerar las ocupaciones de tierra y los problemas derivados, como
problemas policiales, y no como problemas socio económicos, ignorando
deliberadamente el origen de la situación y sus fundamentos.
Se
trata de una actitud de conveniencia personal, amparada por la ley, que
aparentemente no está obligada a considerar la situación social y económica de los campesinos. Se
trata de una situación, que los políticos
han optado por ignorar, lo que agudiza el problema sin miras de
solución, a la luz de una interpretación que revela desinterés o irresponsabilidad.
En los discursos de políticos y de voceros de agrupaciones
empresarias vinculadas al agro, se ignora sistemáticamente la inequidad y
condenan las reacciones campesinas sin analizar las causas.
La ausencia de diálogo y
comunicación entre campesinos y
tenedores de la tierra,
impone un silencio que agrava el tema no
resuelto, utilizando en
cada caso la violencia de uno u
otro
signo, rechazando cualquier
amago de solución. Nadie está
dispuesto a negociar sobre la
base de la realidad. Cada uno
confía en que finalmente cualquiera
sea el método utilizado se
impondrá sobre el enemigo, sin
entender que no se trata de
enemigos sino no de ciudadanos del mismo país.
El problema de la tierra,
expresión que intenta definir una
compleja situación socio
económica que arrastra la historia
nacional desde el pasado,
constituye un item fundamental en la
búsqueda del desarrollo económico
y social, como clave
ineludible del progreso.
Sorprende que en las campañas políticas ningún
partido oficialista u opositor ha fundado su discurso en proyectos destinados a
resolver los problemas económicos y sociales de fondo, ya sea por especulación
e intereses personales, o por desconocimiento de la realidad.
El
país esta viviendo un proceso de
inquietud por expectativas de cambio. El gobierno, ejecutivo y legislativo, se
sumergen en la semántica, con el único propósito de conservar el statu quo, sin
entender que la complejidad del mundo contemporáneo castiga a quienes no están
preparados, o no son capaces de enfrentar los hechos con inteligencia y
audacia.
Los
sectores populares, la clase media y aún los grupos de clase alta que deben luchar para abrirse paso en la
maraña que configura el desorden y la ausencia de racionalidad, se sienten abandonados.
El
panorama es deplorable, acentuado por la participación de los medios, los
intereses espurios de sus propietarios y la mediocridad de los periodistas y
analistas políticos y económicos, aferrados, por falta de lucidez, a conceptos
perimidos que fracasaron en el pasado