La información cotidiana señala el avance del poder de la mafia del narcotráfico.
El episodio en Ñemby, la bomba incendiaria en la casa el comisario donde murió su esposa e hijas, revela la libertad con que se mueven los sicarios.
Se pone en evidencia la complicidad policial. Sin ningún reparo, técnicos policiales argumentaron sin vergüenza, que se trató de la explosión de una heladera. Parece una broma si no fuera una tragedia.
El crecimiento de la mafia del narcotráfico y la complicidad, implica el crecimiento de otras mafias: contrabando, tráfico de rollos, lavado de dinero, asesinatos por encargo, prostitución y asaltos domiciliarios o callejeros.
Los legisladores se han propuesto debilitar el ejecutivo, ignorando el hecho de que ellos también son parte del gobierno (surge de su conducta política) con lo que se apoya directa e indirectamente el crecimiento de las mafias.
No se trata de una evaluación política. El debilitamiento del ejecutivo, en cualquier país del mundo, implica el natural crecimiento de la ilegalidad y el crimen.
Conviene saber cual es la medida de participación consciente de legisladores y miembros del poder judicial en el proceso.
El interés de algunos legisladores, cuyos nombres conocemos por aparecer cada día en los medios, que trabajan para afirmar su poder sobre el aparato judicial, conduce a pensar que no se trata de un propósito destinada a proteger a los huérfanos pobres, ni a los chicos de la calle, ni a las madres solteras, sino a preservar la impunidad de los delincuentes. Si este no es específicamente el propósito, es sin duda el resultado.
Esta conducta surge de la incapacidad por, parte de legisladores y funcionarios de la justicia, de discriminar entre el interés particular y el interés nacional.
Ante este panorama sorprende la indiferencia de los sectores que representan el poder. El proceso conduce a fórmulas manejadas por los jefes del narcotráfico, que tendrán, como ya tienen en algunos casos, capacidad de decisión sobre la conducta tradicional de los líderes de la realidad nacional.
Cuando se impone como rutina la impunidad, hay que saber que la impunidad es para todos. Lo que se inicia como una característica de sector, se convierte en una conducta nacional.
Se llega al extremo de que por acuerdo político se anulan los procesos a responsables de delitos y crímenes, especulando con su eventual gravitación política en la distribución del poder. En el caso notorio y concreto de Lino Oviedo, relevado de su responsabilidad por asesinatos, narcotráfico, como consecuencia de maniobras políticas, el personaje se convierte en árbitro del proceso político. Es de suponer que los jefes del narcotráfico internacional terminarán escogiendo o desechando políticos y empresarios, policías y militares obedientes o desobedientes.
Mientras esto ocurre la estructura económica, social y política del país se deteriora cada día. Se incrementa el hambre, la discriminación, y la ausencia de educación anula perspectivas para la juventud y la no juventud, que imita el ejemplo de los policías y políticos corruptos e impunes, y resuelven que es mas barato, sencillo y eficaz robar y si es necesario asesinar, para resolver sus problemas personales.
Los campesinos que cierran rutas o invaden propiedades no tienen idea de lo que es el marxismo o el comunismo. Pero algunos dirigentes que los manipulan, seguramente tienen propósitos políticos y económicos, que por ahora aparecen confusamente en el panorama nacional pero cobrarán vigencia en el futuro. La libertad de acción de las mafias y la irresponsabilidad de políticos, empresarios, policías, militares y periodistas coadyuva a este proceso de disgregación nacional en el que la gente terminará trabajando, directa o indirectamente al servicio de cualquier signo político, aunque no entienda que significa.
Este panorama poco optimista es consecuencia inevitable del debilitamiento del ejecutivo, proceso trabajado con precisión por políticos, jueces, empresarios, y periodistas que no miden su consecuencia y tampoco se hacen cargo de su responsabilidad.
