Los hechos que gravitan sobre la actividad política son condicionados por factores diversos. Particularmente por personajes que representan o deberían representar las normas que regulan las relaciones sociales. Políticos. funcionarios del estado, periodistas, empresarios, profesionales. miembros del poder judicial. Policías. A esta nómina hay que egregar la inevitable influencia de los funcionarios de las embajadas extranjeras que gravitan o pretenden gravitar sobre la actividad nacional.
Muchos personajes evaden su responsabilidad. Por ignorancia, interés, ambición, irresponsabilidad, falta de formación intelectual o inexperiencia. Nadie es perfecto, pero si quienes ocupan los cargos institucionales para controlar y manejar las instituciones carecen de formación adecuada, intelectual o ética, la marcha de la Nación se torna incierta.
El presidente, Fernando Lugo para empezar por la máxima autoridad el país no responde a los parámetros convencionales de los políticos. No es un político típico, escapa a la definición a la que nos tienen acostumbrados los políticos convencionales. Su formación religiosa y su observación cercana de un centro político importante como es el vaticano, dejó huellas imborrables en su actividad institucional. Esta condición no es buena o mala en si misma, pero constituye una condición que le permite superar, al menos parcialmente, las trampas y ambigüedades, que integran la actividad rutinaria de los políticos. El presidente maneja sus propias ambigüedades de manera de enfrentar y superar las agresiones de los políticos, periodista y comentaristas que responden a los intereses de los patrones, quienes preservan sus negocios particulares, muchas veces contra el interés de la comunidad. Ante esta conducta presidencial, que suponen errática, los políticos se desconciertan, desconcierto que el presidente estimula, lo que le ha permitido sobrevivir hasta hoy, no obstante las amenazas públicas o con sordina expresadas con violencia, mal gusto e insolencia fundada en la ignorancia, oportunista de algunos políticos, introducidos sin ningún mérito objetivo en la actividad pública institucional
Esta guerra insólita entre quienes deben preservar y estimular la institucionalidad, conspira contra el orden y el respeto a la función pública. La consecuencia es que la comunidad resiente su confianza en el presidente y llega a la conclusión de que los legisladores se limitan a ser promotores de la corrupción, y ejercitan su poder, no para gobernar sino para manipular a su favor políticas prebendarias, intereses particulares, y representan sutilmente o no sutilmente, a algún gobierno extranjero que fuerza o intenta forzar el rumbo del ejecutivo. Esta observación no es chauvinista y responde a la actitud de legisladores que se pliegan alegremente a la política de alguna embajada por razones obvias.
La lamentable imagen que logran desarrollar los legisladores, cuenta con la solidaridad de un buen porcentaje de integrantes del poder judicial, donde parece estar todo tarifado ordenadamente, mientras la justicia, entelequia desconocida, salta horrorizada por las ventanas del edificio que absurdamente s definimos como palacio de justicia. Así como las bancas de legisladores tienen precio, también tienen precio los cargos de jueces y camaristas.
Mientras tanto, los empresarios se dedican a criticar la marcha del país lavándose las manos en relación con su responsabilidad por ese proceso. Se limitan a denunciar a los campesinos que invaden una fracción de sus estancias, cuyo origen nadie se atreve a investigar. Curiosamente antes de investigar el origen de la propiedad de esas tierras, la opinión generalizada, justa o injusta, es que ningún propietario actual pagó esas propiedades o la adquirió legalmente. Puede ser parcialmente justo o injusto, pero conviene investigar.
Tan grave como eso, es que los empresarios, criticos permanentes de los gobiernos, salvo de aquellos que a través de una maniobra ilegal fueron beneficiados con la tenencia de una propiedad rural, con lo que accedieron, no solamente a una usina de recursos crematísticos, sino a la condición de estancieros y terratenientes lo que implica y ascenso en la escala social. Particularmente en países de desarrollo relativo, para no usar el término de subdesarrollado que molesta a algunos patriotas.
Omito la observación el doctor Johnson quien dijo que “el patrioterismo es el último refugio de los canallas”.
Los empresarios, comunidad importante en el conjunto de la población no han propuesto nunca institucionalmente, un proyecto de desarrollo nacional integrado. En el país están generalmente ausentes los proyectos empresarios, que salgan de la especulación personal , limitada al negocio personal. Fuera de esta actividad casi doméstica o municipal no existe nada. Lograron el prodigio de borrar el país.
Ocurre lo mismo con los productores agrícolas y ganaderos. Particularmente en este período en que los precios internacionales son satisfactoriamente elevados. lo que beneficia la macro economía, pero posterga a los campesinos, como ocurre históricamente Solo los reconoce cuando ocupan tierras ajenas, situación que los empresarios, en su interpretación, transforman un problema socio económico en un problema policial, de manera contraria al interés nacional. Los productores agrícolas deberían contribuir a la solución del problema. Ganarían tranquilidad y asegurarían su progreso.
Frente a la quiebra moral del Parlamento y la administración de justicia, el Ministerio Público conserva su autoridad y el respeto de la comunidad. Allí debe descubrirse la clave de las críticas y denuncias contra algún fiscal, que en algún caso puede ser legítima, pero no supera la personalización ni alcanza a la institución en su conjunto.
La intención de los protagonistas de las denuncias, generalmente promotores de la corrupción, políticos, empresarios, funcionarios, o periodistas, parecen temer al Ministerio Público, institución clave para defender el derecho y la justicia en la comunidad.
Asunción, 12 .09.2011
