CONDICIONES DEL PROCESO INSTITUCIONAL

Algunos empresarios manifiestan que habría que postergar lo que definen como problemas políticos, para dar solución inmediata a los problemas económicos. Se trata de un sofisma que oculta intención política, de donde el supuesto apoliticismo del planteo se torna no creíble.

Nadie puede pensar que exista aptitud y solvencia intelectual para resolver los problemas estructurales de la economía nacional, mientras se ignore la ruptura del orden institucional, determinado por la decisión de un presidente de violar la Constitución, negándose a cumplir sentencias de la Suprema Corte de Justicia.

Violar la Constitución implica agredir todo el sistema jurídico. Pone en duda las garantías mínimas que exigen los deberes y obligaciones, a los cuales debe someterse una comunidad organizada.

No habrá solución para los problemas económicos, no habrá planes viables, proyectos, ni inversiones, mientras desde el poder ejecutivo se imponga el desorden institucional.

Nadie iniciará o ampliará su actividad económica, en medio del desconcierto y la inseguridad generada por la conducta del presidente. Salvo que no se trate de legítimos empresario, sino de operadores políticos que trabajan en el campo empresario y tienen como objetivo resolver, sus problemas personales.

Cualquier proyecto nacional, debe fundarse en las normas y principios que establece la Constitución. El respeto a las leyes constituye la condición insustituible, no negociable,  que nos define como país organizado.

Cualquier idea de desarrollo económico y social se convierte, frente al quiebre institucional, en una fantasía irresponsable.

Eso parece ser lo que proponen los  empresarios que pretenden ignorar maliciosamente, que no puede existir un país integrado, democrático, moderno y con vocación de progreso, si no se respetan los fundamentos de la organización institucional.

Frente a la inseguridad quienes podrían participar en el postergado y no definido desarrollo económico y social, protegen sus recursos enviándolos al exterior.

Los eventuales inversores extranjeros buscan territorios en los que las leyes tengan plena vigencia, para no estar sometidos a la arbitrariedad..