LOS CAMPESINOS

 

La prensa y los políticos se esfuerzan por describir y comentar la situación del campesinado. Desarrollan anécdotas, mientras soslayan  el análisis socioeconómico de la realidad del campo,

    según información imprecisa, no confirmada, por 

    inexistencia de datos oficiales que arrojen luz sobre la 

    realidad. El diez por ciento de la población ocupa, opera y

    maneja como propio el 90% del territorio nacional.

    Mientras que el 90 % de la población campesina ocupa y  

     opera el 10% del territorio. Las cifras son arbitrarias porque no 

     existen estudios que puedan ser aceptados como reales.

     Agudiza el problema el hecho de que  la población campesina    

     se multiplica, no encuentra respuesta a las necesidades básicas  

     de espacio, tierra y recursos para producir, de manera que

     abandona su lugar de nacimiento y busca en las ciudades

    oportunidades para trabajar y sobrevivir.

    El país sin desarrollo suficiente por falta de industrialización,

    no ofrece soluciones para que los campesinos emigrados del

    interior, resuelvan sus problemas.

 Esto determina la formación de villas de emergencia de las cuales surgen nuevos problemas con epílogos inevitables que terminan por destruir el orden básico de la vida social.

    

Con estos datos es fácil advertir la inequidad básica de la estructura social, con una amplia secuela de atraso, ignorancia, corrupción y violencia.

Cuando se publicitan los problemas del campo y las consecuencias sociales del subdesarrollo, se evita señalar el problema básico de la  distribución de la tierra, arbitraria y muchas veces de origen espurio.

La propiedad de la tierra integra un cuadro de confusión

    deliberada. A lo largo de los años un sector importante del         

     territorio nacional fue repartido de manera arbitraria para

    satisfacer intereses políticos. A la vez, los cambios de rumbo en  

    esta materia, y consecuentemente de eventuales beneficiarios,

    generó una superposición de títulos de propiedad que hicieron

    perder de vista al verdadero propietario, a la vez de introducir

    confusión en el conocimiento real de las propiedades del estado

    que fueron utilizadas como valor de cambio, en la satisfacción

    de intereses políticos y comerciales.

    De allí  que constituirá una ardua tarea desentrañar    

    de que manera  que se puede introducir cierta racionalidad,  

     en el caso de que se intente ordenar el sistema, evitar

     injusticias y resolver puntos básicos que discriminen entre las

     propiedades legítimas de las que no lo son

La vigencia del sistema democrático, la administración de justicia  y la actividad política partidaria con sus mas y sus menos, genera la irrupción de la voluntad de cambio de los campesinos, alentada por grupos políticos dispuestos a aprovechar la inequidad para favorecer intereses de grupo o sector.

Los campesinos se movilizan de manera multitudinaria, ocupan propiedades, interrumpen la actividad de empresas y tenedores de la tierra. Se ha sumado un nuevo fenómeno, cual es la inmigración de productores extranjeros que, con o sin derechos reales, se instalaron en tierras que los campesinos nativos consideran de su propiedad, fundados en derechos atávicos, costumbre, tradición,  historia y ocupación ancestral.

Los derechos exhibidos por los campesinos estimulados por algunos operadores políticos, son tan ambiguos como los exhibidos por los ocupantes extranjeros, lo que introduce nuevamente una confusión en la cual intervienen sentimientos y  convicciones nacionales que se enfrentan a intereses considerados foráneos, a la luz de esquemas políticos tradicionales, ocasionalmente reñidos con  el conceptos de integración geográfica, política y social que es y será por mucho tiempo tema de discusión ideológica fundada en intereses materiales.

En cualquier caso, en el ámbito local el enfrentamiento entre campesinos y tenedores de la tierra, con fundamentos reales o no, se ha constituido en un problema vital  Es decir de sobrevivencia.

El problema mas grave, que apunta a aumentar la confusión, consiste en que la mayor parte de los políticos y empresarios que trabajan en el agro, se esfuerzan por considerar las ocupaciones de tierra  y los problemas derivados, como problemas policiales, y no como problemas socio económicos, ignorando deliberadamente el origen de la situación y sus fundamentos.

Se trata de una actitud de conveniencia personal, amparada por la ley, que aparentemente no está obligada a considerar la situación  social y económica de los campesinos. Se trata de una situación, que los políticos  han optado por ignorar, lo que agudiza el problema sin miras de solución, a la luz de una interpretación que revela desinterés  o irresponsabilidad.

En los discursos de políticos y de voceros de agrupaciones empresarias vinculadas al agro, se ignora sistemáticamente la inequidad y condenan las reacciones campesinas sin analizar las causas.

    La ausencia de diálogo y comunicación entre campesinos y  

    tenedores de la tierra, impone un silencio que agrava el tema no  

    resuelto, utilizando en cada caso la  violencia de uno u otro

    signo, rechazando cualquier amago de solución. Nadie está

   dispuesto a negociar sobre la base de la realidad. Cada uno

   confía en que finalmente cualquiera sea el método utilizado se

   impondrá sobre el enemigo, sin entender que no se trata de

   enemigos sino no de  ciudadanos del mismo país.

   El problema de la tierra, expresión que intenta definir una   

   compleja situación socio económica  que arrastra la historia

   nacional desde el pasado, constituye un item fundamental en la

   búsqueda del desarrollo económico y social, como  clave

   ineludible del progreso.

    Sorprende que  en las campañas políticas ningún partido oficialista u opositor ha fundado su discurso en proyectos destinados a resolver los problemas económicos y sociales de fondo, ya sea por especulación e intereses personales, o por desconocimiento de la realidad.  

El país esta viviendo un  proceso de inquietud por expectativas de cambio. El gobierno, ejecutivo y legislativo, se sumergen en la semántica, con el único propósito de conservar el statu quo, sin entender que la complejidad del mundo contemporáneo castiga a quienes no están preparados, o no son capaces de enfrentar los hechos con inteligencia y audacia.

Los sectores populares, la clase media y aún los grupos  de clase alta que deben luchar para abrirse paso en la maraña que configura el desorden y la ausencia de racionalidad,  se sienten abandonados.

El panorama es deplorable, acentuado por la participación de los medios, los intereses espurios de sus propietarios y la mediocridad de los periodistas y analistas políticos y económicos, aferrados, por falta de lucidez, a conceptos perimidos que fracasaron en el pasado